03-07-2018 La comisión para garantizar la futura sustentabilidad del sistema ya comenzó a trabajar.

Habrá algunas modificaciones de alto impacto, como la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, limitar en el tiempo el pago de las pensiones por viudez y cambiar el método de cálculo para el haber inicial

Mientras disputa su gran batalla contra la inflación y el dólar, el Gobierno no desatiende su otro frente de conflicto: una reforma del sistema previsional que lo ayude a achicar su déficit fiscal estructural.

Este tema, que ya estaba en sus preocupaciones desde que se sancionó en 2016 la «reparación histórica», también ha sido señalado en repetidas ocasiones por el FMI como una reforma imprescindible.

A diferencia de lo sucedido a fines del año pasado, esta vez no se tratará sólo de un cambio en el cálculo del haber, sino más bien de algo más profundo: la sustentabilidad del sistema.

En pocas palabras, se definirá cómo se va a financiar y qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio.

Consejo y misión

Por lo pronto, se prevén modificaciones en rubros tan sensibles como la edad jubilatoria, sistema de retiro anticipado y régimen de pensiones.

Hace poco más de un mes, el Gobierno dispuso la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, previsto en la Ley de la Reparación Histórica, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

¿Para qué? Básicamente, con el fin de que en seis meses sea presentado un proyecto de ley para una nueva reforma a debatir en el Congreso.

Ese Consejo está compuesto por 25 miembros, entre los cuales se encuentran representantes de cámaras empresariales y sindicatos.

Está presidido por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y en forma alterna por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis.

Además, está integrado por personas de reconocido prestigio profesional y académico en el ámbito del derecho, de las ciencias sociales y económicas, que participan ad-honorem.

«Tenemos que discutir una idea integral y sustentable, en un ambiente de debate desprovisto de prejuicios y miradas especuladoras en el contexto político», asegura Triaca.

Camino «gradualista» para subir la edad

El año pasado, una comisión previa estuvo trabajando en diferentes lineamientos, que se sumarían a los que desarrolle el nuevo cuerpo.

El Gobierno apunta a que el nuevo sistema sea «sobre todo sustentable y esté basado en aportes legítimos, comprobables», indican fuentes a iProfesional.

«Hay que preguntarse qué sistema previsional puede pagar la Argentina. Se habla más de financiamiento que de prestaciones», comparte a iProfesional el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

Por lo que pudo saber este medio, no está previsto eliminar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de un beneficio creado dentro de la ley de reparación histórica percibido por quienes no tienen aportes para jubilarse y tampoco cobran otro tipo de sumas.

En otro orden, dentro de los proyectos de reforma laboral, el oficialismo planea reducir las cargas patronales.

Es que confía en que más personas se incorporarán al mercado y que esto ayudará a incrementar las arcas fiscales para pagar jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social.

En cuanto a la edad, se evalúa subirla hasta los 70 años y, para ello, se hay distintas modalidades en carpeta que apuntan al «gradualismo«.

En el Gobierno son conscientes de que este tema deberá pasar por el Congreso, y de que un incremento automático y abrupto generará rechazos dentro de los distintos partidos, además de incrementar el malhumor social.

Por lo pronto:

1.- Para los hombres, no se tratará de una suba de 5 años de un «saque», sino más bien escalonada

2.- La ley aprobada a fin del año pasado establece que los asalariados del sector privado -mujeres y varones- podrán optar por jubilarse a los 70 años

3.- Recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite de retiro

4.- En ese caso, tendrán que mantener la relación laboral por el plazo máximo de un año, hasta que el trabajador obtenga el beneficio. No se trata de una suba legal sino de una opción que le da la ley.

En el macrismo tienen claro que mantener el sistema vigente es «inviable» y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.

Tróccoli afirma a iProfesional que se analizará una suba gradual para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio.

En cambio, «afectará completamente a aquellos que les falten 15 o 20 años«, asegura.

De esta manera:

– Quienes estén a 10 años del retiro, podrían jubilarse a los 66

– A los que les falten 12 años, se le extendería a los 67

– Y así sucesivamente hasta llegar a los 70 años

De este modo, se evitará que los alcanzados por los cambios no sufran el impacto en el corto plazo.

«En la actualidad, las mujeres se jubilan a los 60 años, pero sólo el 15% completa los 30 años de aporte necesarios a esa edad», señala Tróccoli.

«En el caso de los varones, la situación está un poco mejor, ya que el 40% cumple con los requisitos al alcanzar los 65 años«, completa.

La pensión vitalicia, a revisión

Otro tema que se entremezclará en la discusión es el de las moratorias para completar los años de aporte, ya que muy pocos logran cumplir con los requisitos.

La diferenciación que se hace actualmente no se debe a una cuestión sexista, sino que es un reconocimiento a la labor de la mujer por el trabajo no remunerado en su hogar.

Se estipula que destina un promedio de 27 horas a tal fin contra solo 3 del hombre, brecha que se va acortando a edades más bajas.

Por lo pronto, se apuntará a ir acercando la edad entre ambos, pero no a la equiparación.

Esto, producto de que la primera tiene una esperanza de vida mayor, por lo que el Estado debe abonarle la prestación durante más años.

Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil.

Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).

Sobre este punto, Tróccoli asegura que se trata de «un cambio lógico«, ya que no tiene sentido pagarle una suma fija a una persona joven por el resto de su vida si no vuelve a contraer nupcias.

Además, se apunta a extender la edad de los hijos que perciben pensiones por el fallecimiento de los padres.

¿Hasta cuándo? Hasta los 25 años, siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial (para ello debe acreditar que estudia).

Por otro lado, se impondrá un límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. En este sentido, se manejan dos opciones:

– Que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación)

– Que valide la alternativa más elevada y un proporcional de la otra

Lo que sí es un hecho es que en la futura ley no convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario.

Nuevo cálculo para la jubilación inicial

Otro punto que genera polémica refiere a la extensión del período a considerar para el cálculo del haber inicial: 25 años en lugar de los 10 actuales.

Sin embargo, el problema es que «en un contexto inflacionario, como el que suele tener constantemente el país, esto derivará en que el ingreso sea menor», indica Tróccoli.

No es menor la preocupación del Gobierno por reducir la cantidad de juicios en los tribunales de la Seguridad Social, si bien tiene en claro que cualquier tipo de norma que se dicte va a ser judicializable.

En la actualidad, de las personas con aportes, uno de cada tres jubilados le hizo un juicio al Estado.

El principio de sustitutividad es otro punto en discusión. ¿Qué significa? Como la jubilación es consecuencia de la remuneración percibida por un trabajo, una vez que este cesa el beneficio debe permitir el mantenimiento de un status de vida similar a aquel que se tenía en actividad.

Son varios los que pretenden volver al régimen de las leyes 18.037 y 18.038, que sí establecía la sustitutividad del haber jubilatorio.

Este último estaba íntimamente vinculado con las remuneraciones o las rentas – categorías autónomas – en su caso, percibidas por el beneficiario durante su vida activa.

Se discutirá cómo enfrentar las cuestiones de género para evitar otro caso como el famoso «Sergia», en el que un hombre pidió el cambio de sexo para jubilarse antes.

En otro orden, se estudian distintos regímenes diferenciales de trabajo insalubre. Es decir, el de aquellas actividades que pueden derivar en envejecimiento precoz u otras que se desarrollan con algún grado de disminución física, tales como ceguera o minusvalía.

En la actualidad, pueden obtenerse el beneficio a los 55 años. La idea es analizar cada una de ellas y, en algunos casos, elevar la edad, ya que el Gobierno cree que las tecnologías actuales permiten reducir o dar por terminada la insalubridad.

Sobre este punto, Tróccoli afirma que deberá analizarse cada situación en particular, para evitar perjuicios a los trabajadores que estén cerca de obtener el beneficio y fueron efectivamente afectados por las viejas tecnologías.

Fuente: iProfesional